Ya sabemos que a Nicolas Sarkozy, presidente de la República francesa, le gusta erigirse en salvador único de cualquier causa mientras los focos apuntan a él. Su última hazaña parecía imposible: poner de acuerdo a las entidades de gestión de derechos y a los proveedores de internet. Pero así ha sido. Cuando se apruebe la pactada nueva ley, aquellos usuarios que descarguen de internet música o cine, verán cómo se les corta la línea. Los operadores recibirán órdenes de una autoridad independiente que centralizará los datos de los internautas para estudiar a los usuarios sospechosos. Éstos, antes de que les corten el acceso, recibirán un primer aviso y una sanción. Si continúan descargando, se les cortará la línea de internet.
Lo bueno de esta medida es que así no pagarán «justos por pecadores», pero no sabemos si el modelo será exportable a otros países debido a que claramente atenta a las leyes de protección de datos. En España, con el índice europeo más alto de descargas, dudamos que se pueda adoptar esta fórmula debido a las posiciones tan encontradas que mantienen los proveedores, las entidades de gestión de derechos y las asociaciones de internautas. En todo caso, hasta después de las elecciones de marzo, es seguro que el Gobierno no se atreverá en entrar en semejante batalla.
