Gobierno, PP y CiU han llegado a un acuerdo para enmendar en el Senado la ley Sinde. Los principales cambios afectan a las garantías y plazos para el cierre de webs. Los sitios que ofrezcan descargas ilegales podrán ser cerrados en un plazo de entre 15 y 17 días. Además habrá una mayor intervención judicial, desde el momento en que la Comisión de Propiedad Intelectual reciba una denuncia y se inicien los correspondientes requerimientos a los infractores.

“Tal requerimiento exigirá la previa autorización judicial de acuerdo con lo previsto en el apartado primero del artículo 122 bis de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Una vez obtenida la autorización, los prestadores estarán obligados a facilitar los datos necesarios para llevar a cabo la identificación”, dice la enmienda introducida por la oposición.

Asimismo, el acuerdo entre Gobierno y oposición afecta al canon digital, que según una reciente sentencia del Tribunal de Luxemburgo, se aplica en España indiscriminadamente. El Gobierno se compromete a “en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley, mediante real decreto y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea, procederá a modificar la regulación de la compensación equitativa por copia privada”.

Está previsto que la ley Sinde sea aprobada en el Senado antes de un mes, para después volver al Congreso, donde será ratificada definitivamente.